Durante años he vivido la burocracia administrativa que ha presionado el mundo de la pequeña y mediana empresa como una anécdota perversa. Ayuntamiento, Cámaras de comercio, Instituciones Oficiales… siempre de rodillas ante las nuevas normas, reglamentos y la mayoría de las veces de “caprichosas” interpretaciones del funcionario de turno ante las necesidades del empresario para el desarrollo de su vital función en la economía productiva. La sensación de tener que trabajar para que el universo de funcionarios públicos viva de la sociedad y no para la sociedad, ha estado y sigue, salvo excepciones, como la percepción más odiosa que aplasta las iniciativas para la emprendeduría. Dos mundos el del funcionario y el privado, dos situaciones que han llegado al límite de la incongruencia para el desarrollo de España.

El ciudadano no percibe ni se percata de que el funcionario <y hay más 2.500.000 en España> debe de trabajar para la mantener el estado del bienestar, con la  inteligente aplicación de las normas que con su cumplimiento se focalice al objetivo de mejorar la sociedad.

Los funcionarios públicos son la clave,  para que los cambios de los cargos políticos no alteren la marcha del país en las transiciones sistemáticas y cíclicas de los mismos. El funcionario debe de trabajar para el “FUNCIONAMIENTO” del país. El funcionario , el cuerpo de funcionarios, transformarán España, cuando decidan unir su conocimiento y alinearlo en una política innovadora radical tanto en el desarrollo de su actividad profesional como en la necesaria disciplina para el trabajo eficaz, no consintiendo que cohabiten individuos que no aporten activo alguno a la sociedad y escudados y protegidos por sus derechos como funcionarios.

Los derechos los protegen como se aprecia en estos: Derecho a la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera, que exige una justificación objetiva para una eventual destitución. Derecho a desempeñar las funciones propias de la condición profesional ostentada, debiendo ser asignadas tareas coherentes con la posición y preparación del funcionario. Derecho a la promoción interna acorde al mérito y la capacidad, Derecho a ser informado de las tareas a realizar, Derecho a colaborar en la consecución de los objetivos de su unidad administrativa, Derecho a la defensa jurídica de la Administración en los procedimientos surgidos como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.

<… La gestión de recursos humanos en la Administración Pública difiere de la que se utiliza en el ámbito empresarial por la necesidad de prevenir el clientelismo y el requisito de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública que la Constitución exige. El carácter inamovible del funcionario, así como las estrictas causas regladas para su separación, impide importar la estrategia organizativa del mundo privado…>… el gestionar una GOBERNANZA justa, está en sus atribuciones normalizadas. Ellos deben de ser la “conciencia” <técnica y resolutiva> de los cargos políticos electos.

¡Simplemente imaginar! la fuerza imparable y el potencial innovador que pueden ejercer los 2.659.010 funcionarios en España[1]: 583.447 en Admistración Pública Estatal; 1.345.577 en Administración de la Comunidades Autónomas; 539.669 en Área de la docencia no universitaria; 491.107 en Instituciones sanitarias Sistema Nacional de Salud; 627.092 Administración Local; 102.894 en Universidad.

En quién lidere la política innovadora de los funcionarios, está el nuevo paradigma de España,  para reducir gastos presupuestarios, activar la economía de mercado y generar los 500.000 puestos de trabajo de nuevos empleos.