El bien escaso del trabajo ha dejado de existir, no así la obligación de pagos tributarios[1] indirectos sobre todo. Este es un momento en la sociedad española debemos de situarnos y saber dónde estamos, y quiénes cumplen sus deberes públicos y con ello la ley y los que aún no han reaccionado para hacerlo. Tener tiempo para releer la Constitución Española como planteamiento de salida y poder reflexionar en puntos como su Artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber y el derecho a trabajar…”. Y, también el Artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo…”

Ejercicio a realizar como una necesidad para poder filtrar los mensajes y apologías de los políticos coreados por su corte de economistas afines. Aprender de lo coyuntural y subyacente para no perder “el oremus” ante la injusta distribución de derechos y la informalidad en cumplir los deberes de quienes dirigen y administran España y sus Comunidades.

Estamos inmersos en una “tormenta perfecta” en lo referente a la activación empresarial y dentro del embudo de la burocracia funcionarial. Situación que discrimina a los ciudadanos que no pertenezcan al titánico corporativismo de los funcionarios que tienen plaza en propiedad <trabajo a perpetuidad> basándose legalmente en unos derechos adquiridos en momentos en que reinaba un Estado de bienestar ascendente y sin límite.

Hoy tienen en sus manos resolver, pero por su parte no se vislumbra concesión alguna para replantear los costes de sus derechos ni tampoco trabajar para reducir el derroche de medios en actividades que ellos mismos conocen que hay que desfuncionarizar por su inutilidad y que burocratizan aún más si cabe, para proteger detrás de ellas “sus dineros”. Saben cómo “torear” a los noveles políticos que cíclicamente la democracia los pone al frente de dirigir la gobernanza. 

Los funcionarios, y que los hay muy buenos, son los que pueden en el fondo y en la forma ayudar a: Reducir el gasto público en el ámbito local, en el autonómico y en el estatal. Proponer a los políticos simplificación de leyes y regulaciones. Potenciar con planes innovadores esas leyes que no se cumplen. Innovar en mejorar la capacidad de gestión del gasto y las competencias administrativas. Innovar el ajuste para administrar el dinero y controlar el derroche, haciendo valer sus competencias ante los políticos de turno. Innovar proponiendo medidas para que todos paguen sus impuestos y abrir una brecha que rompa el trapicheo de la economía sumergida. Trabajar en dar facilidades para crear empleo como su objetivo principal, desburocratizando las gestiones y controlando la actividad de formación que se emplea en este cometido y que hoy por hoy es un negocio en primer lugar para los empresarios formadores que un bien capacitacional de los discentes. Ayudar a la competitividad rompiendo el fraude de la contratación ilegal. Y, proponer a los políticos idea innovadoras que aporten dinero a las arcas públicas… un ejemplo el cómo puede establecerse un control de vehículos que circulan sin seguro, o aquellos que disfrutan de prestaciones de la seguridad social habiendo falseado la disposición de derechos…

Personalmente creo que España cambiará cuando los funcionarios activen la virtud de la terquedad en resolver y no esperen que la ambición de unos, el talento de otros y el intelecto de muchos, todos externos y colaterales a la administración lo hagan. España despegará cuando la Administración empiece a desfuncionarizar lo obsoleto y modernicemos la FUNCION PUBLICA reinventándolo mediante una mente innovadora y visión global.

[1] Impuesto directo:es el impuesto que grava directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta. Impuesto indirecto es el impuesto que grava el consumo. El impuesto indirecto más importante es el impuesto al valor agregado o IVA el cual constituye una parte importante de los ingresos tributarios.